El nuevo etiquetado de alimentos y bebidas que entró en vigor el primero de octubre ha causado un gran revuelo. Mientras que por un lado el grupo de trabajo de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y premiado este esfuerzo, por el otro, actores como James Quincey, CEO de Coca Cola, se ha reunido con el presidente para hablar sobre apoyos a pequeños comerciantes, impuestos especiales, campañas de orientación nutrimental y desde luego, los etiquetados. Esto nos debe hacer pensar en los intereses que existen detrás.

Los detalles de la conversación no se han dado a conocer, sin embargo llama la atención que el propio Andrés Manuel señalara que la refresquera “está dispuesta a cooperar, reconoce la importancia de la información a los consumidores, y no interfieren con los procesos de política y regulación de los países”, una aseveración que contrasta enormemente los amparos que Coca Cola ha presentado para evadir la NOM 051 y los numerosos esfuerzos de cabildeo que desplegaron durante 2019 en contra de las reformas en la Ley General de Salud en materia de información al consumidor.

Los detalles del amparo también se desconocen, pero nos muestran que Coca Cola y FEMSA ponen en un segundo plano la salud de los mexicanos al intentar escapar de esta norma, especialmente en un contexto nacional de emergencia epidemiológica por diabetes y obesidad, que como hoy sabemos, se combina de manera letal con el nuevo coronavirus. Este no es el único amparo promovido por la refresquera. Además del etiquetado, mantienen otro juicio desde 2019 en contra de la Ley para la Prevención Integral de los Residuos Sólidos en el estado de Oaxaca, misma que busca evitar el uso y distribución de botellas de PET.  

A nivel internacional, también podríamos citar bastantes ejemplos de la interferencia de esta refresquera en las regulaciones de diferentes países. Investigadores de la Organización Corporate Accountability[1] han demostrado que en países como China[2], la agrupación ILSI (International Life Sciences Institute), se ha hecho pasar por una asociación “neutra” interesada en compartir evidencia científica para mejorar los esfuerzos de salud pública, cuando en realidad, se trata de un grupo de presión y cabildeo financiado por Coca-Cola, que a lo largo de los años, ha logrado frenar la adopción de mejoras en las guías alimentarias del país más poblado del mundo, usando a académicos para publicar posturas bastante favorables para su negocio, sin declarar lo que hay detrás.[3] Tan solo en America del Norte, ILSI recibió contribuciones de $317,827 dólares de PepsiCo, más de $200,000 de Mars, Coca-Cola y Mondelez, y más de $100,000 de empresas como Nestle, Kelloggs, Hersheys, Kraft, y Unilever, entre otras.  Por si fuera poco, esta agrupación no solo ha sido vinculada a las industrias de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, también existe evidencia que lo relaciona con las industrias tabacaleras[4], quienes han tratado de influenciar en los procesos consultivos de organismos internacionales a través de talleres, conferencias, “proyectos educativos”, y su especialidad: investigación científica sesgada y diseñada para permitir las regulaciones laxas o la ausencia total de las mismas.

En nuestro país, las plantas embotelladoras de FEMSA han sido denunciadas señaladas una y otra vez por agrupaciones de la sociedad civil (sin el apoyo de las autoridades de Conagua) sobre la explotación de mantos acuíferos que despojan a comunidades como San Cristobal de las Casas, en Chiapas del acceso al agua para beber. Al mismo tiempo, estas industrias  venden cantidades enormes de refresco, principalmente entre las poblaciones indígenas del estado. De acuerdo con el CONACyT, Chiapas tiene el mayor consumo de refresco en México (hasta cinco veces mayor que el resto del país).[5]

Preocupa bastante la falta de reconocimiento del presidente a todos estos hechos, así como la ligereza con la que asegura que otras medidas que la Organización Mundial de la Salud recomienda, como la aplicación de impuestos especiales (IEPS), no serían de utilidad. Estas declaraciones no solo son completamente falsas, sino que también llegan en un momento en el que una mayor recaudación para el fortalecimiento de los sistemas de salud y las acciones de combate a la malnutrición, son medidas sumamente necesarias.

Las campañas de orientación alimentaria son otra razón de inquietud, pues si bien es indispensable que se implementen, es seguro decir que cualquier “apoyo” de la refresquera terminaría blanqueando y debilitando todo esfuerzo de comunicar de manera objetiva a la población sobre los riesgos de consumir ciertos productos, y la necesidad de incrementar otros (como las frutas, verduras, leguminosas, granos y semillas, además de varias fuentes de proteína animal).

El doble discurso de Coca Cola es evidente. Los amparos frente al nuevo etiquetado de advertencia, no han sido retirados, y es que no cabe duda que las características de este nuevo sistema de información, disgustan a las grandes industrias. Por primera vez, se está alertando sobre las cantidades exhorbitantes de azúcar que contienen los refrescos, y la adición de leyendas precautorias dirigidas a niños y niñas sobre el contenido de ingredientes como la cafeína o los edulcorantes artificiales, es algo que no han enfrentado antes, y han llegado incluso a presentar sus inconformidades ante la Organización Mundial del Comercio. Su argumento más común para desprestigiar esta medida es decir que simplemente no funcionará, a pesar de que países como Chile, que innovaron con este etiquetado, han demostrado una disminución de 14% en la compra de cereales azucarados para el desayuno (cereales de caja), 25% menos en la compra de bebidas azucaradas, 17% menos en la compra de postres envasados, una reducción promedio entre 46-62% de exposición de publicidad de alimentos chatarra en preescolares y adolescentes y una valoración positiva y comprensión del 90% de las madres de niños y niñas en edad preescolar.[6]

Desde luego, la información al consumidor no es la única medida necesaria para combatir la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas, y ciértamente, la estrategia debe venir acompañado de una campaña de comunicación y un manual de implementación que esperaríamos ver pronto, pero difícilmente lograremos la armonización de esta serie de medidas, si en cada paso avanzado, nos vemos nuevamente enfrentados al poder de estas corporaciones.

Algo es definitivo: el consumo de productos ultraprocesados es causante de graves daños en la salud de la población mexicana, que desde 2016 vive en una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, y este deterioro en la salud poblacional, viene acompañado de daños ambientales relacionados con el desperdicio de plásticos y la producción insostenible de sus ingredientes. Debemos orientar todos nuestros esfuerzos en acceso y distribución de alimentos saludables, naturales o mínimamente procesados, y sacar de la toma de decisiones a las empresas que, como Coca Cola, se benefician de la interferencia disfrazada de “cooperación” .


[1] Corporate Accountability (2020). The most powerful food industry group you’ve never heard of. Disponible en:

[2] Making China safe for Coke: how Coca-Cola shaped obesity science and policy in China. BMJ 2019; 364 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k5050 (Published 09 January 2019)

[3] Soda industry influence on obesity science and policy in China. Sussan G (2019) Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1057/s41271-018-00158-x

[4] The Tobacco Industry and Scientific Groups ILSI: A Case Study The Tobacco Free Initiative, WHO (2001). Disponible en: https://www.who.int/tobacco/media/en/ILSI.pdf

[5] Refrescos en México: Chiapas. BBC (2020) Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53746039#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Consejo%20Nacional%20de,organizaci%C3%B3n%20El%20Poder%20del%20Consumidor).

[6] HOJA INFORMATIVA Julio de 2019 EVALUACIÓN LEY DE ALIMENTOS Nº20.606. Ministerio de Salud de Chile. Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/12/d-etiquetado-chile-estudio-ley-d-alimentos-2019-07.pdf