ILSI de México se presentó como una asociación sin fines de lucro para el “desarrollo y difusión de la ciencia en salud y nutrición con el fin de impactar en políticas públicas”, sin embargo, un estudio reciente ha confirmado lo que ya tantos investigadores independientes, activistas y organizaciones de consumidores y pacientes sabíamos: ILSI no era más que una fachada para impulsar los intereses de la industria refresquera.
La primera vez que escuché sobre esta organización, fue también la primera vez que pude presenciar una de las formas en las que este grupo operaba: Se trataba de un simposio. A este acudieron como invitadas diferentes escuelas de nutrición en la Ciudad de México. Tenía relativamente poco tiempo de trabajar con organizaciones de la sociedad civil y de haber salido de la universidad (en la cual nunca me hablaron sobre la interferencia de las industrias, y dudo que en muchos salones de clase se toque este tema). La ponencia principal, a cargo de un investigador que recibía importantes fondos de una de las refresqueras más grandes del mundo, se centraba en convencer a los estudiantes y graduados de nutrición, que el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa (ingrediente usado para endulzar bebidas carbonatadas industrialmente) no representaba un daño para la salud. Miré con horror como cientos de estudiantes anotaban los resultados de esta investigación y pensé en las posibles consecuencias de esta ponencia en el caso de que estos salieran del auditorio pensando que efectivamente este ingrediente es seguro para consumo humano, y en consulta le restaran importancia a su ingesta frecuente. Imaginé el número de pacientes que podrían recibir una recomendación así de errada directo de un profesional de la salud, pues la conferencia se llevó a cabo en un hospital (era muy posible que también hubieran enfermeras y médicos en la audiencia, gente que convive día con día con gente que vive con diabetes, hipertensión, obesidad, etc).
Pensé, “una cosa es vender refrescos, y otra es usar como blanco a los profesionales de la salud para propagar los resultados de una serie de estudios sesgados”, “una cosa es vender refrescos y otra, invertir cantidades obscenas de dinero para propagar mentiras a través de terceros con el fin de mantener a los consumidores leales, desinformados, y cada vez más enfermos”.
El investigador principal afirmaba que las bebidas azucaradas podían sin problema alguno formar parte de una dieta saludable. Que en combinación con frutas, verduras, pescado y un poco de ejercicio, las personas no tenían que preocuparse de problemas como la ganancia de peso, la hipertensión, o eldaño renal. Incluso llegaron a afirmar que el azúcar contenido en una fruta causaba el mismo efecto que el de un refresco (como si todas las vitaminas, minerales, fitoquímicos y fibra que contiene una fruta actuaran igual que los dañinos ácidos, el sodio y los colorantes de un refresco). Todo esto, claro, desde una perspectiva centrada en calorías (claro, 1 gramo de hidratos de carbono = 4kcal), pero poner en la misma bolsa a un alimento real, natural y completo como una fruta y a un invento de la industria como un refresco basándose únicamente en el aporte calórico (recordemos que se trata de una unidad de medida y no de calidad), es tan ilógico como decir que un kilo de arena y un kilo de algodón son el mismo material por el hecho de pesar lo mismo.
Salí de esa conferencia horrorizada, impotente y convencida de que se tenía que poner un alto a la propagación de información financiada por industrias que protegen sus ganancias sin importarles pasar por encima de la salud y desde entonces miraba con ojos nuevos toda la información de empaques, publicidad y mensajes que las industrias de alimentos lanzaban.
Hace unas semanas, la revista Globalization and Health publicó en un estudio, como ILSI no sólo había organzado foros muy cuestionables en México, sino que también se habían encargado de interferir en una serie de recomendaciones nutricionales para la prevención de la obesidad. Las llamaron “políticas contrarias a los intereses de Coca-Cola”, ya que limitaban el consumo de bebidas azucaradas. Entre estas, se enlistaban los impuestos a los refrescos, la modificación de los programas de alimentos en las escuelas, la regulación de la publicidad, e incluso esfuerzos educativos (a pesar de ser la educación, el argumento favorito de estas industrias)”. “Necesitamos estar listos para establecer una fuerte defensa”, declaraban los integrantes de esta agrupación.
Sin duda en México hemos vivido y seguimos enfrentando aquella fuerte defensa. ILSI, como tantos otros grupos se disfraza de organismo neutro y usan como bandera el “bien común”, por lo que puede ser difícil para los tomadores de decisión identificar la raíz de sus propuestas.
Este tipo de estrategias engañosas son utilizadas ampliamente por las industrias de alimentos y bebidas para cabildear todo tipo de medidas que les permitan mantener un modelo de “negocios como siempre” que en el caso de nuestro país se traduce en mantener regulaciones débiles (o abogar por auto regulaciones), sostener que se necesita más tiempo y evidencia para implementar políticas urgentes (como en el caso del etiquetado), delegar toda la responsabilidad a los consumidores e incluso culparlos (sin importar si son menores de edad), o desacreditar esfuerzos importantes y significativos (como los impuestos especiales).
Al analizar el comportamiento de estas industrias, no es difícil darse cuenta de un patrón en su forma de actuar, en sus argumentos y en su falta de ética. De manera sistemática han demostrado que no les importaría dañar la salud de la población si esto les permite incrementar sus ganancias. La pregunta es: Ante el contexto de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, ¿Qué más tiene que pasar para que nuestras autoridades y representantes populares escuchen a los investigadores independientes y regulen a estas industrias?
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