La introducción a alimentos saludables durante la infancia es crucial para desarrollar hábitos alimentarios que permanecerán a lo largo de la vida. La evidencia ha demostrado que esta etapa formativa también es una ventana crucial para prevenir el deterioro de la salud y el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. En este sentido, las escuelas tienen un rol muy importante, pues más allá de la enseñanza tradicional en las aulas y los esfuerzos de orientación alimentaria que en estas se puedan realizar, los niños y las niñas aprenden de la convivencia diaria, es decir, aprenden de lo cotidiano, los juegos y de su entorno. Pero ¿cómo es el entorno alimentario en las escuelas?
Un estudio[1] publicado en 2018, reveló que a pesar la existencia de una regulación para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas de nivel básico del país, el 51% de la oferta alimentaria en las escuelas corresponde a alimentos y bebidas ultraprocesados, (entre los que destacan galletas, chocolates dulces y botanas empaquetadas como papas), hasta un 55% de las escuelas tienen alguna forma de publicidad de productos no saludables y el 63% de la oferta de bebidas corresponden a bebidas azucaradas o endulzadas. Además, son pocas las escuelas con acceso a agua potable gratuita y de calidad por medio de bebederos funcionales. Por último, todas las escuelas estudiadas estaban rodeadas de puestos que ofertaban productos ultraprocesados y más bebidas azucaradas. Para muchos, esto no es una sorpresa, pues el acceso a estos productos dañinos para la salud se ha normalizado en casi todo el país.
El rol de las escuelas en la promoción de la salud frente al contexto de Covid-19
Desde la década de los noventas, la Organización Panamercana de la Salud ha impulsado la iniciativa regional de Escuelas Promotoras de la Salud[2] con la finalidad de proporcionar a las generaciones futuras conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para promover y cuidar de su propia salud, la de su familia y de su comunidad, y crear y mantener ambientes de estudio y trabajo y comunidades con bienestar, y si bien su primer componente –la educación para la salud con un enfoque integral- sigue siendo un enorme reto, el segundo componente –la creación y mantenimiento de ambientes saludables–, que requiere de infraestructura, regulaciones que hagan frente a los intereses de las industrias, e inversión y evaluación constante, ha estado lejos de ser una realidad en nuestro país.
A esto se suma uno de los efectos más devastadores de la pandemia para las infancias: las afectaciones en la educación. Recientemente, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta para la medición del impacto Covid-19 en la educación[3]. Se estima que 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, y 3.6 millones porque tuvieron que laborar.
La gran mayoría de los estudiantes que no volvieron a las aulas fueron de escuelas públicas, con un aproximado de 1.5 millones de casos.
Con la pandemia activa, las escuelas en México no han operado de manera presencial, y al reto de evitar la deserción escolar (por razones principalmente económicas), se suma la necesidad de adecuar las instalaciones educativas para el eventual regreso a las clases. Además de las medidas sanitarias para evitar contagios, es necesario repensar seriamente la oferta alimentaria de las cafeterías y cooperativas escolares, pues la evidencia que hasta el momento se ha reunido a nivel global, sugiere que existe un riesgo incrementado de sufrir las formas más graves de la Covid-19 si se presenta obesidad[4].
Esto significa que para garantizar el derecho de niños y niñas al disfrute del más alto posible nivel de salud, es fundamental garantizar que su regreso a las escuelas, sea saludable en todos los aspectos.
Antecedentes: políticas de alimentación escolar, incumplimiento e interferencia de las industrias
¿Recuerdan los mini gansitos? Esa tomada de pelo que proponía tomar el mismo producto de muy mala calidad nutricional para convertirlo en una versión “adecuada para niños” reduciendo su tamaño fue el resultado de una serie de presiones de las industrias, y un gobierno que cedió frente a ellas. En 2010 entraron en vigor los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en escuelas emitidos por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. A pesar de que estos no ofrecían mecanismos para obligar a los centros educativos a cumplirlos, la entonces Cofemer recibió cientos de comentarios de las industrias de ultraprocesados durante la consulta pública. Compañías como Bimbo, Pepsico, Coca Cola, Nestlé, Danone y muchas más desplegaron una serie de comentarios oponiéndose a mejorar la calidad de los alimentos que se podían vender dentro de las escuelas…así fue como en México, nació la mini chatarra y las bebidas light para niños (aunque estas no estaban endulzadas con azúcares, ya existía evidencia que ligaba su consumo con la adecuación al sabor dulce, y una clara recomendación de la Organización Mundial de la Salud: ¡los niños no necesitan bebidas endulzadas, sino acceso al agua limpia y segura!)
En 2013, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó una encuesta para evaluar la implementación y el conocimiento de los lineamientos publicados en 2010. Los resultados de la encuesta demostraron que un gran número de directores y directoras de las escuelas, así como padres de familia no tenían conocimiento de los Comités de Establecimientos de Consumo Escolar, (mismos que tenían la obligación de vigilar el cumplimiento de los ineamientos). Se evidenció también que las escuelas contaban con una elevada oferta de galletas, pastelitos, botanas y bebidas azucaradas, es decir, que no se estaban cumpliendo de manera adecuada. Por último, se encontró un bajo porcentaje de material educativo para promover el cumplimiento de los lineamientos y una carencia de espacios adecuados para realizar actividad física y en contraste, existían diferentes espacios promocionales para marcas de ultraprocesados no saludables, y materiales “educativos” dirigidos a los estudiantes (…eso sí, realizados por los propios productores de ultraprocesados).
Por fin, en 2014, se publicaron los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. En estos se observaron grandes avances, (y de nuevo, enorme oposición de las industrias de productos ultraprocesados, encabezados por ConMexico), sin embargo, existía poca claridad respecto a las autoridades encargadas de hacer cumplir la regulación. Así, los antecedentes más recientes de políticas de alimentación escolar han sido poco claros en su aplicación, laxos en su vigilancia y promoción, y fuértemente sesgados por los intereses de los productores de chatarra que dominan el mercado (pues saben que los niños y las niñas son un excelente target, ¡si quieres consumidores fieles, comienza a formarlos desde temprano!).
Ejemplos y recomendaciones a nivel internacional y regional
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre alimentación escolar, apuntan hacia ofrecer programas alimentarios que incrementen la disponibilidad de alimentos saludables y frescos, garantizando que los alimentos servidos cumplan con requisitos nutricionales mínimos, mientras que en el Plan de Acción de la OPS para la prevención de la obesidad en la Niñez y la Adolescencia[5], (plan ratificado por México, por cierto) se establece como una de las principales líneas de acción estratégica, el mejoramiento de los entornos alimentarios escolares, incluyendo el acceso al agua, y desde luego, los espacios educativos libres de chatarra y su publicidad.
Otros países en la región han avanzado hacia regulaciones amplias que comienzan con los etiquetados de advertencia, como un parteaguas para clasificar el tipo de productos que pueden o no pueden entrar en las escuelas. El criterio en estas regulaciones es sencillo. ¿El producto en cuestión tiene algún octágono de advertencia?, es decir ¿el producto tiene exceso de algún nutrimento crítico?, de ser así, no puede ser ofertado a las y los estudiantes y tampoco puede exhibir personajes que se dirijan a los niños y niñas en su empaque.
Esta estrategia fue implementada en Chile en 2016[6], después de más de 10 años de intentos y constantes frenos de la industria de alimentos y bebidas, y gracias a ella, países como Perú, Uruguay, México, y ahora Argentina, avanzan hacia un etiquetado que no quede únicamente en información clara para los consumidores, sino en una estrategia integral que abarque espacios formativos y poblaciones vulnerables como las escuelas y sus jóvenes estudiantes.
México: ¿Hacia dónde avanzamos?
En Febrero de este año, se aprobó en el Senado de la República, una Reforma en la Ley General de Educación[7]. El objetivo de esta iniciativa es que las y los estudiantes de educación básica en el país cuenten con alimentos sanos dentro y fuera de las escuelas.
La minuta ha sido enviada a la Cámara de Diputados y es el turno de la Comisión de Educación para aprobar y dictaminar esta propuesta. En esta minuta se busca detallar el concepto de “autoridades correspondientes”, al nombrar de manera específica a un grupo de responsables en todos los ámbitos de gobierno, encargadas de vigilar la restricción de venta de alimentos ultraprocesados no saludables en las cooperativas y tiendas escolares y sus alrededores. Además, propone recuperar las tradiciones culinarias y preparaciones locales, al dar preferencia a los alimentos de cada región. Con esto también se pretende rescatar la actividad comercial de alimentos y platillos de temporada, preparados frescos cada día, (con el claro beneficio de tener menos consevadores, aditivos, azúcares, sodio y grasas industrializadas).
La ruta es clara. La Comisión de Educación tiene la oportunidad de fortalecer la política de alimentación escolar, y frente a las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, es imperativo que el regreso a las aulas, sea saludable en todos los sentidos. Pero esto no se logrará sin el compromiso político de las diputadas y diputados, y de las autoridades estatales de Salud y Educación, que tendrán la importante tarea de integrar esta política dentro de la suma de esfuerzos detonados por el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas.
[1] Explorando el ambiente escolar alimentario. El Poder del Consumidor (2018). https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/08/d-escuelas-ambientes-obesogenicos-investigacion-explorando-el-ambiente-escolar-alimentario-vf.pdf
[2] Las escuelas promotoras de la salud en las Américas: una iniciativa regional. (2003), Josefa Ippolito-Shepherd.
[3] Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020
[4] Obesity Is a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection. Sattar, McMurray, (2020) https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047659
[5] Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la Niñez y la Adolescencia. Organización Panamericana de la Salud (2014). https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/obesity-plan-of-action-child-spa-2015.pdf
[6] Ley de Alimentos (2016). Ministerio de Salud de Chile. https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos/
[7]Proceso: Senado aprueba reforma que prohíbe la venta de alimentos chatarra cerca de escuelas https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/11/senado-aprueba-reforma-que-prohibe-la-venta-de-alimentos-chatarra-cerca-de-escuelas-258120.html#:~:text=CIUDAD%20DE%20MÉXICO%20(apro)
Comentarios recientes