Recientemente, fue publicado en la revista Salud Pública de México el Código Nutricia (Lee aquí el Código Nutricia), un esfuerzo sin precedentes para proteger a uno de los pilares de las políticas alimentarias: la evidencia científica.
Esta publicación no es menor. Durante años, las industrias transnacionales de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, han ejercido en México y en otros países de América Latina, una fuerte y muy bien orquestada presión para influir en la toma de decisiones públicas. El lobby o cabildeo de estos actores atenta contra los derechos y la salud de millones de mexicanos, que, en consecuencia, son relegados a un segundo plano cuando el interés primordial de las políticas se centra en la protección de las ganancias económicas de unas cuantas industrias (mismas que, además, se han encargado de perpetuar modelos monopólicos en el mercado alimentario).
La presión que ejercen estas industrias ha escalado a diferentes esferas, y no se ha quedado únicamente en los congresos operando a través de influyentes cabilderos. Durante décadas, se ha observado una estrategia mucho más sutil y peligrosa. Se trata de oleadas de profesionales de la salud[2], investigadores y organizaciones que, desde diferentes ramas, llaman a la colaboración y el desarrollo de investigaciones con el apoyo de estas industrias. Esta técnica no es nueva[3], (la hemos visto antes con la industria tabacalera posicionando a médicos para recomendar algunas marcas de cigarros y defendiendo su consumo [4]).
Este tipo de alianzas, son problemáticas por muchas razones. La principal, y la más evidente, es el conflicto de interés que representa el posicionamiento de propuestas para abordar una situación pública, influenciadas por actores cuyo fin es privado. En este caso, las y los profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil (particularmente en el ámbito de la nutrición, la protección de la niñez, o la atención a las enfermedades crónicas), son particularmente vulnerables a los acercamientos y ofrecimientos de diferentes industrias que buscan proteger o posicionar sus productos, y por lo tanto, minan la capacidad de actuación de los profesionales a favor de la salud pública.
Un ejemplo muy claro que se puede citar es la operación de ILSI en México (International Life Sicences Institute). Se han presentado como “una organización no lucrativa que promueve el entendimiento científico y el consenso en nutrición, seguridad en los alimentos, toxicología y salud ambiental, al proveer un foro en el que los científicos de la academia, las agencias gubernamentales y la industria comparten intereses comunes y trabajan hacia la resolución de problemas significativos de salud pública, relacionados con la nutrición”, sin embargo, entre sus miembros asociados, se enlistaban industrias como Abbot, Bayer y Mead Johnson (farmacéuticas con una clara línea de interés en el negocio de las fórmulas infantiles), Bimbo, Danone, Kelloggs, Kraft Foods, Mars, Monsanto, Nestlé (qué también tiene una larga historia de acercamientos con profesionales de la salud – especialmente pediatras y hospitales de maternidad[5]), Pepsico y Coca Cola, entre muchos otros[6]. En septiembre de 2015, reunieron en la Ciudad de México a medios de comunicación, médicos/as y nutriólogos/as en formación, en el simposio “Evidencia actual sobre edulcorantes y salud”, en donde, los panelistas, (todos ellos investigadores pagados por la industria de alimentos y bebidas), criticaron fuértemente al impuesto especial sobre bebidas azucaradas respaldado por la Organización Mundial de la Salud y recientemente aprobado en México, y entre otros mensajes sin sustento sólido, llamaron a los profesionales de la salud a recomendar el consumo de edulcorantes no calóricos como parte de una “dieta saludable”.
En 2019, se publicó un artículo sobre el comportamiento de ILSI titulado “¿Las organizaciones financiadas por la industria están promoviendo «estudios para el lobby» o «ciencia basada en evidencia»?[7] En dicho estudio, los autores sacaron a la luz, una serie de correos electrónicos entre Alex Malaspina (ex Vicepresidente Senior de Coca-Cola, y Fundador y antiguo presidente de ILSI, y Suzanne Harris (Directora ejecutiva de ILSI internacional), en los que se evidenciaba que ILSI protegía a la industria de las políticas y leyes desfavorables para el crecimiento de su negocio. El correo, hacía referencia a las nuevas pautas dietéticas de Estados Unidos, en las que se hablaba de manera específica sobre el consumo de azúcares añadidos. En esta serie de correos, Malaspina escribe:
“Queridos amigos, ¡Estas pautas son un verdadero desastre! Eventualmente podrían afectarnos significativamente de muchas maneras; Impuestos a los refrescos, programas de almuerzos escolares modificados, un gran esfuerzo educativo para informar a niños y adultos para limitar significativamente su consumo de azúcar, reducir la publicidad de alimentos y bebidas azucaradas y, finalmente, una gran presión de la CDC y otras agencias para obligar a la industria a comenzar a reducir drásticamente el azúcar que agregamos a los alimentos y bebidas procesados, también debemos esperar que muchas naciones sigan las pautas de los Estados Unidos. Tenemos que considerar cómo estar preparados para montar una defensa fuerte. Un cordial saludo. Alex”
Desde entonces, ILSI ha sido expuesto en diversos artículos periodísticos de investigación por influir en las políticas nutricionales de países como China y desde luego, por haberlo intentado con bastante fuerza en México y Estados Unidos. [8],[9]
También existen experiencias negativas en las que estos intentos de alianzas frenan el avance y la implementación de políticas efectivas, incluso con la mediación del Estado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Salud creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), en el que se abrió la puerta a la participación del sector empresarial como parte del Consejo Asesor, facultado para “emitir recomendaciones para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, en materia de implementación, evaluación y medición del impacto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”[10]. Este consejo asesor estuvo integrado por cámaras empresariales como CANACINTRA, CONCAMIN, y CONMEXICO (que en conjunto, agrupan a marcas como Barcel, Coca Cola, Bimbo, Bacardí, Pepsico, Danone, FEMSA, Gruma, Hershey’s, Jumex, Kelloggs, Mondelez, Unilever, Nestlé, Sigma, Qualtia Alimentos, Sabritas, Gamesa, y muchos más). Sobra decir que dicho observatorio, jamás logró llegar a consensos sobre la necesidad de implementar medidas para la prevención del sobrepeso y la obesidad basadas en evidencia y recomendadas a nivel internacional, y esto se debe nuevamente a la presencia y el dominio de intereses comerciales opuestos al interés por proteger la salud como un bien público que requiere de las intervenciones del estado. El OMENT fue disuelto y señalado en varias investigaciones como un ejemplo negativo, e incluso dañino de alianzas con las industrias, pues no solo se detuvo cualquier intento de avance en materia de salud poblacional, sino que también, se desconocieron los resultados publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública, en los que se evaluaba el impacto positivo del impuesto especial a las bebidas azucaradas. [11], [12]
Queda claro que este problema no radica únicamente en México, y que se necesitan mayores esfuerzos para garantizar que las políticas alimentarias alcancen sus metas. Por eso, es relevante valorar la ciencia libre de intereses comerciales y hablar cada vez más fuerte sobre este tema, aunque en muchas ocasiones incomode o cause discrepancias.
Es importante porque cada día se forman nuevos profesionales de la salud que en un futuro ocuparán cargos públicos, atenderán pacientes o comunicarán en gran escala una serie de mensajes que pueden ser nocivos si no se atienden de raíz a los potenciales casos de conflicto de interés.
El Código Nutricia es sin duda, un paso muy acertado. Invito a las y los lectores a difundirlo y firmarlo a conciencia, aquí:
Click aquí para firmar el código Nutricia
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[1] S Barquera (2020) Código Nutricia: Nutrición y Conflicto de interés en la academia. Salud Pública de México. Disponible en: http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11291
[2] Brody (2018) Professional Medical Organizations and Commercial Conflicts of Interest: Ethical Issues. Disponible en: https://www.annfammed.org/content/8/4/354.full
[3] CBC (2013) Sugar industry’s secret documents echo tobacco tactics.
[4] Research into the impacto of tobacco advertising. Stanford University. Disponible en: http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/index.php
[5] [5]Nestle M. Food company sponsorship of nutrition research and professional activities: a conflict of interest? Public Health Nutr. 2001;4(5):1015-22. https://doi.org/10.1079/PHN2001253
[6] Miembros asociados de ILSI México. http://www.ilsi-mexico.org/empresas.aspx
[7] S Steele (2019). Are industry-funded charities promoting “advocacy-led studies” or “evidence-based science”?: a case study of the International Life Sciences Institute. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0478-6
[8] A Shadowy Industry Group Shapes Food Policy Around the World https://www.nytimes.com/2019/09/16/health/ilsi-food-policy-india-brazil-china.html
[9] Influential Science Nonprofit ILSI Exposed as a Food Industry Lobby Group 2019. Eco Watch. Disponible en:
[10] OMENT. Consejo Asesor.Disponible en: http://oment.salud.gob.mx/consejo-asesor/
[11] Mexicanos Contra la Corrupción. Salud Deteriorada. Conflictos de Interés en el OMENT. https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/diabetes/
[12] Salud con Lupa. (2019) Los Omnipresentes Asesores de la Industria. https://saludconlupa.com/series/la-salud-en-la-mesa-del-poder/los-omnipresentes-asesores-de-la-industria/
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